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Drama en la Panamericana: Poder Judicial ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra, pero la controversia continúa

  • Andrés Vargas y Félix Diaz
  • 11 nov 2025
  • 3 min de lectura

La Municipalidad de Lima evalúa asumir la administración de las casetas, mientras la empresa Rutas de Lima advierte que la medida afectará el mantenimiento de las vías.


Foto montaje: Empilados
Foto montaje: Empilados

El conflicto por los peajes del sur de Lima volvió a generar tensión entre el Poder Judicial, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa concesionaria Rutas de Lima S.A.C. Esta disputa se centra en los peajes ubicados en Villa El Salvador y Punta Negra, donde una orden judicial suspendió los cobros, aunque la empresa los reanudó brevemente horas después.


Todo comenzó cuando el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac declaró fundada en parte una demanda de hábeas corpus presentada por la Municipalidad de Santa María del Mar. La comuna denunció que el cobro vulneraba el derecho al libre tránsito, porque no existía una vía alterna gratuita para los conductores.


El juez ordenó que se suspenda de inmediato el cobro de los peajes en ambas casetas y advirtió que se aplicarían multas si no se cumplía la medida. Rutas de Lima apeló la decisión y sostuvo que, mientras su recurso fuera revisado, podía seguir cobrando.


Sin embargo, el 5 de noviembre, el Poder Judicial rechazó la apelación y reiteró que la empresa debía cumplir la orden. Según el fallo, la medida tenía que aplicarse de inmediato, sin excusas.


Un representante de la Municipalidad de Lima señaló que la empresa debía acatar el mandato judicial, ya que el libre tránsito es un derecho que no puede ser limitado por cobros indebidos.


Entre la ley y el tráfico


Tras conocerse la primera orden, los peajes de Villa y Punta Negra dejaron de cobrar. Muchos conductores celebraron la decisión, al sentir que se ponía fin a cobros que consideraban abusivos. Incluso el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, publicó un video en redes sociales en el que calificó la suspensión como “una victoria ciudadana”.


Sin embargo, la alegría duró poco. Horas después, Rutas de Lima volvió a levantar las barreras y retomó el cobro, señalando que su apelación seguía en trámite. La Municipalidad Metropolitana de Lima calificó esa acción como un “desacato judicial” y pidió sanciones contra la empresa.


Por su parte, Rutas de Lima advirtió que, si no podía recaudar peajes, en tres semanas tendría que dejar de operar las vías concesionadas. La empresa explicó que arrastra un déficit de más de 200 millones de soles en los últimos 21 meses y que los ingresos de los peajes son necesarios para mantener la infraestructura.


El contrato de concesión con la Municipalidad de Lima fue firmado en 2013 durante la gestión de Luis Castañeda Lossio. Este acuerdo fue parte del proyecto “Vías Nuevas de Lima” y ha sido cuestionado por sus condiciones poco favorables para la ciudad.


Lima evalúa asumir el control


Ante la incertidumbre, la Municipalidad de Lima evalúa asumir temporalmente la administración de las casetas de Villa y Punta Negra. El objetivo sería garantizar el mantenimiento de las vías mientras dure el proceso judicial.


Según información publicada por Infobae Perú, el alcalde busca coordinar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones una salida que permita continuar con el mantenimiento sin afectar a los conductores.


Una fuente del municipio indicó que, si es necesario, la comuna asumirá el control directo de las casetas hasta que el conflicto se resuelva.


Un problema que viene de años


El debate por los peajes no es nuevo. Desde hace más de una década, varios contratos de concesión en Lima han sido criticados por su falta de transparencia y por incluir cláusulas que favorecen a las empresas privadas. Muchos de ellos fueron firmados durante gestiones municipales vinculadas al grupo Odebrecht.


Mientras el caso sigue su curso en los tribunales, los limeños enfrentan la incertidumbre de no saber si mañana pagarán o no en los peajes del sur. Aunque el Poder Judicial ya se pronunció, la disputa entre la Municipalidad y la concesionaria sigue abierta, y todavía no hay una solución definitiva.


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