Ley obliga a divulgar los archivos Epstein, pero el gobierno podría retener información clave

El Congreso de Estados Unidos aprobó esta semana, con apoyo bipartidista, una ley que obliga al gobierno a publicar los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

La medida que expondrá los archivos Epstein avanzó con rapidez luego de que el presidente Donald Trump cediera a la presión y anunciara públicamente que respaldará la iniciativa, para finalmente firmarla el miércoles por la noche. Sin embargo, pese al aparente triunfo legislativo, persiste una gran duda: ¿realmente el gobierno divulgará toda la información que posee el Departamento de Justicia?

Julia Demaree Nikhinson

Incluso miembros del propio Partido Republicano han expresado preocupación por posibles maniobras para evitar una revelación completa. La representante Marjorie Taylor Greene señaló que “la verdadera prueba será si el Departamento de Justicia publica los archivos, o si todo queda atrapado en investigaciones”. Thomas Massie, otro republicano que impulsó la votación en la Cámara, advirtió sobre un posible último esfuerzo desesperado de la administración para bloquear la divulgación.

Las sospechas no son infundadas. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, evitó comprometerse a una publicación total y solo afirmó que el gobierno “seguirá la ley”, una frase que para muchos deja abierta la puerta a interpretaciones flexibles.

Los críticos apuntan a una cadena de eventos que consideran, cuando menos, conveniente. La nueva ley permite al Departamento de Justicia retener documentos si su publicación “pondría en peligro una investigación federal activa”. Y justamente, días antes de que se aprobara la normativa, Trump ordenó a Bondi abrir investigaciones contra varias figuras prominentes cuyos nombres aparecieron en comunicaciones vinculadas al patrimonio de Epstein. Esto ocurrió a pesar de que el FBI había concluido meses antes que no existían pruebas suficientes para abrir nuevas causas.

Ese movimiento, para muchos, creó artificialmente las investigaciones activas necesarias para justificar la retención de documentos. A ello se suma el historial reciente de la administración, que ya ha sido acusada de intentar desviar la atención mediante divulgaciones selectivas o incompletas. Dos jueces federales llegaron a insinuar que algunas de estas acciones buscaban crear la ilusión de transparencia, más que transparencia real.

Por otra parte, Trump y varios altos funcionarios han argumentado durante meses que una publicación total podría exponer a personas “inocentes” cuyos nombres aparecen en los archivos únicamente por haber tenido contacto social con Epstein. El director del FBI, Kash Patel, llegó a advertir sobre el riesgo de divulgar contenido ilegal o pornografía que podría estar dentro de los documentos, y aseguró que no permitiría “violar la ley para satisfacer la curiosidad” de legisladores y del público.

A pesar de estas objeciones, la presión política es enorme. La ley exige que cualquier documento retenido sea por tiempo limitado, que cada omisión sea justificada por escrito y que el Congreso reciba una lista sin censura de todos los funcionarios gubernamentales y figuras políticas mencionadas en los archivos. Esto deja poco margen para ocultamientos sustanciales sin generar un escándalo aún mayor.

La administración Trump, que ya enfrenta fuertes críticas por su manejo del tema Epstein, podría pagar un alto costo político si intenta retener información bajo argumentos dudosos. Sin embargo, el comportamiento del gobierno hasta ahora deja claro que aún podría intentar preservar sus opciones, incluso a riesgo de profundizar la controversia.

Lo que ocurra en las próximas semanas determinará si esta ley representa un verdadero avance hacia la transparencia o si se convertirá en otra batalla institucional marcada por opacidad, presión política y maniobras legales.