RENIEC expone datos personales de millones de peruanos y desata alerta por ciberseguridad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) volvió al centro del debate público tras exponer millones de datos personales en su portal web. Nombres, direcciones, fechas de nacimiento y lugares de votación de más de 27 millones de peruanos fueron publicados como parte del padrón electoral preliminar para las Elecciones Generales 2026.

Lo que debía ser un registro administrativo terminó convirtiéndose en una base de datos abierta a cualquier usuario de internet. Según el organismo, la publicación buscaba garantizar la transparencia del proceso electoral; sin embargo, Jorge Córdova López, experto en ciberseguridad, advirtió que la información no contaba con medidas de protección suficientes y podía descargarse fácilmente, sin verificación de identidad ni filtros de seguridad.

La polémica tiene su origen en una modificación legislativa promovida por Fuerza Popular, que permitió el acceso público al padrón electoral con el argumento de fomentar la fiscalización ciudadana. No obstante, especialistas consideran que esta decisión confundió transparencia con exposición, dejando a millones de peruanos vulnerables a delitos digitales como fraudes, suplantación de identidad o estafas.

Ante el escándalo, la Contraloría General de la República anunció una investigación para determinar posibles responsabilidades en el manejo del padrón. A su vez, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales recordó que las instituciones del Estado deben garantizar la seguridad de la información de los ciudadanos y evitar su uso con fines indebidos.

El problema se agravó luego de que el medio digital “ContraCorriente” revelara que, tras la filtración, al menos tres hackers comercializan la base de datos en foros de Telegram. Esta situación ha encendido las alarmas sobre la fragilidad de los sistemas digitales del Estado y la falta de protocolos de ciberseguridad, en un país donde los delitos informáticos crecen cada año.

La pregunta ahora es si el Perú está preparado para proteger la privacidad de sus ciudadanos en plena era digital.